Ciudad de México. La reforma a la ley general en materia de trata de personas, que se aprobó en el Senado el martes pasado y que actualiza los tipos penales para incluir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos criminales, así como establece condenas de hasta 20 años de prisión, no podrá hacer frente a este flagelo por sí misma, porque lo que se necesita es que se mejore la capacidad de investigación y el acceso a la justicia, consideró la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
